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El derecho de separación del socio y la calificación juridica de su crédito.


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Todo socio en una sociedad mercantil, puede enajenar su acción o participación, pactando con otro socio o bien con un tercero una venta, a cambio de la percepción de una cantidad económica equivalente al valor de la acción que se transmite. Es de perogrullo puesto que se trata de una transmisión convencional. La Ley de Sociedades de Capital contempla también la posibilidad de que el socio solicite la devolución de su acción o participación a la compañía. Es decir, que sea la propia sociedad quien adquiera esa acción y entregue su valor económico al socio. Este derecho es conocido como “derecho de separación” del socio, y viene regulado en el artículo 346 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.  

El Derecho de Separación del socio viene a permitir que una persona abandone su condición de partícipe en la sociedad cuando los órganos directivos han adoptado una decisión que afecta de manera trascendente el devenir de su actividad. La postura del socio que intenta separarse ha de ser congruente con su voto. Solamente podrán ejercitar este Derecho, los que no hayan facilitado con su voto la decisión que origina la posibilidad de separarse de la sociedad.

Los casos son los siguientes: Sustitución o modificación sustancial del objeto social; Prórroga de la sociedad; Reactivación de la sociedad; Creación modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos.

Además, el artículo 346 de la Ley de Sociedades de Capital nos dice que en las sociedades de responsabilidad limitada, el socio tendrá también Derecho de Separación cuando se hubiese adoptado un acuerdo de modificación del régimen de transmisión de las participaciones, y también en el caso de transformación de la sociedad (tanto en un caso como en el otro los socios quedarán automáticamente separados de la sociedad si como consecuencia de la transformación tuvieran que asumir una responsabilidad personal por las deudas sociales, y no se hubieran adherido al acuerdo en el plazo de un mes desde la adopción del acuerdo (art. 15.2 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de Sociedades de Capital); en caso de traslado de domicilio al extranjero (art. 99 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de Sociedades de Capital); causas estatutarias que permiten el Derecho de Separación (art. 347 LSC); por acuerdo unánime, o mediando consentimiento de todos los socios, los estatutos sociales podrán incluir causas de separación distintas de las ya previstas en la Ley; en caso de falta de distribución de dividendos (art. 348 bis LSC, donde se nos dice que tendrá derecho el socio a solicitar la separación de la sociedad cuando ésta no haya repartido al menos un tercio de los beneficios obtenidos por la explotación del objeto social, que puedan repartirse de acuerdo con la Ley. Para que el socio pueda ejercitar el Derecho de Separación, al igual que en el resto de supuestos, deberá haber votado a favor de la distribución de los beneficios. Y además debe haber transcurrido un mínimo de cuatro ejercicios desde la inscripción de la mercantil en el Registro). 

La valoración del importe a percibir por el socio puede resultar problemático. Se habla en la doctrina jurídica de cuantificar el “valor real o razonable”. Los estatutos ofrecen en algunos casos una regla de valoración. A falta de acuerdo, el “valor razonable” deberá ser objeto de estimación por parte de un experto independiente designado por el Registro Mercantil. Éste optará por uno de los siguientes criterios: valor nominal de las acciones o participaciones; valor neto contable, que se obtiene por la diferencia entre el activo y el pasivo; valor sustancial, que consiste en el sumatorio del valor de los bienes necesarios para el mantenimiento de la capacidad productiva; métodos comparativos (tasaciones,…); valor de liquidación. 

La sentencia del Tribunal Supremo 380/2021, dictada por la Sala de lo Civil, sección primera, en fecha 09/02/2021, siendo ponente Ignacio Sancho Gargallo trató la calificación del crédito concursal consistente en el reembolso del socio disidente que planteó su salida antes de la presentación del concurso de acreedores. 

En el fundamento de derecho cuarto nos dice que el crédito al reembolso nació antes del concurso y por eso debe reconocerse como crédito concursal, pero que en cuanto a su clasificación le corresponde la consideración de crédito subordinado del art. 92.5º LC, en relación con el art. 93.2.1º LC., sin perjuicio de la contingencia derivada de la litigiosidad sobre la valoración de la participación en ese supuesto concreto dado que tenía más de un diez por ciento de las participaciones sociales.

En tal sentido, la sentencia dice que ha de ser subordinado dado que se cumple el requisito subjetivo de persona especialmente relacionada con el deudor ya que la socia tenía (en ese caso) un 14% del capital social, y puesto que también se daba un requisito objetivo (negocio jurídico que da lugar al crédito), pues el crédito de reembolso, en cuanto supone recuperación de la inversión efectuada por el socio, tiene una naturaleza análoga a un negocio de financiación de la sociedad ( art. 92.5 LC).

Por otra parte, aclara también la resolución estudiada que como el crédito lo es por reembolso de la parte del capital que corresponde al socio y el capital constituye parte de los recursos propios de una sociedad para hacer frente a las obligaciones a corto y largo plazo, el crédito tiene su origen en un negocio jurídico de análoga finalidad al préstamo, atendida la función económica de los fondos aportados para constituir la dotación del capital social. 

Se ha de significar que, en este caso concreto, de haberse tratado como ordinario, y dado que el capital era de un 14%, podría haber influido en la junta general de acreedores derivada del concurso, y en la aprobación, en su caso, de un convenio. 


 


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