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Ley de la Segunda oportunidad


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La ​Ley de la Segunda Oportunidad es un proceso que permite a las personas físicas, tanto particulares como autónomos, extinguir sus deudas.

Se trata de un mecanismo, el cual, cumpliendo una serie de requisitos, permite solucionar una situación económica a través de un proceso de negociación totalmente reglado denominado acuerdo extrajudicial de pagos, y en caso de que este no tenga éxito, el inicio de un procedimiento concursal que podrá culminar con la exoneración de todas las deudas, excepto las de origen público.

Dicha exoneración implica para el deudor deberá liquidar de todo su patrimonio, incluido aquellos bienes que cuenten con cargas hipotecarias.

La exoneración que se obtenga por parte del deudor será real, y provisional durante un plazo de cinco años, tiempo en el cual el deudor no deberá afrontar pago alguno respecto a sus acreedores, pudiendo estos pedir la apertura nuevamente del expediente si pueden acreditar que este no ha actuado de buena fe o que su situación económica ha cambiado de manera radical. Ultimado dicho plazo, sin que haya existido ninguna incidencia, lo que por otro lado es normal, el deudor obtendrá el conocido como BEPI (beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho) lo que le permitirá, volver a pedir financiación, desaparecer de listados de morosidad.

En todo caso hasta que no transcurra 10 años, no podría iniciar de nuevo un procedimiento de similares características.

Los requisitos para poder iniciar este proceso

Encontrase en una situación de insolvencia futura o inminente.

No haber iniciado este proceso durante los anteriores 10 años

Que la suma de la totalidad de las deudas no supere la cantidad de cinco millones de euros.

No estar negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación.

Que el deudor no haya sido condenado mediante sentencia firme por un delito contra el patrimonio, contra el orden socio económico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, al menos en los 10 años anteriores a la declaración del concurso.

 

Durante el procedimiento concursal que se inicie, en caso de no surtir efecto el acuerdo extrajudicial de pagos se analizará la buena fe del deudor, y para que se concluya de esta forma se tendrá en cuenta:

1. Que el concurso no haya sido declarado culpable.

2. Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, y otros delitos en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.

3. Reuniendo los requisitos establecidos en el art. 231 de la LC (que regula las personas naturales que se encuentren en situación de insolvencia que cuyo pasivo no exceda de cinco millones de euros), haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

4. Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

Desde OFF Soluciones jurídicas queremos informar a nuestros clientes sobre las acciones que se pueden iniciar, por lo que, si padeces una situación de insolvencia generalizada, ponte en contacto con nosotros para valorar las opciones de que dispones.

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